En el marco de la Asamblea Anual de Socios de CIRPAN, Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, presentó un diagnóstico que cambia el foco: el problema no es la cantidad de delitos, sino su gravedad creciente — y la solución pasa por articular información, instituciones y empresas bajo una estrategia territorial común.
Chile no tiene más delitos que antes de la pandemia. Tiene delitos más violentos. Esa es la distinción clave que Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, presentó ante los socios de CIRPAN, y que cambia radicalmente la forma en que las empresas del sector deben entender y abordar el problema de la seguridad.
El diagnóstico, elaborado a partir de datos del índice de victimización que Paz Ciudadana elabora anualmente desde el año 2000, mostró que el porcentaje de familias víctimas de robo o intento de robo se ha mantenido dentro de rangos históricos e incluso ha bajado en los últimos años. Sin embargo, en ese mismo período los homicidios aumentaron un 42,8% entre 2018 y 2024, los secuestros crecieron un 92% y la extorsión se disparó un 781%. No es la frecuencia lo que está en crisis: es la gravedad.
“No es la cantidad de delitos lo que nos está generando una crisis de seguridad en Chile, es la gravedad de los delitos que están ocurriendo”, planteó Johnson ante los presentes. Y esa gravedad tiene una característica específica: los homicidios que más crecieron son aquellos vinculados a organizaciones delictuales, los que responden a una lógica premeditada y coordinada, muy distinta a los delitos de oportunidad que dominaban el panorama hace una década.
El temor como problema en sí mismo
Más allá de los números, el nivel de temor en Chile se ha convertido en un problema social y económico por derecho propio. Según Johnson, el país figura entre los primeros del mundo en el porcentaje de personas que consideran la seguridad como la principal preocupación que debe abordar el gobierno, y entre los cinco países donde menos personas declaran sentirse seguras al salir de noche.
Ese temor tiene consecuencias concretas para las empresas y los territorios donde operan. Barrios comerciales que se vacían en horario nocturno, inversiones que se frenan, trabajadores —especialmente mujeres— que abandonan estudios presenciales porque no se sienten seguras volviendo a casa de noche. La inseguridad no es solo un riesgo operacional: es un factor que condiciona el desarrollo económico y social del entorno completo.
Lo que les cuesta a las empresas
Para las empresas socias de CIRPAN, la inseguridad se traduce en tres tipos de costos que rara vez se contabilizan de forma integrada. Primero, los costos directos: mermas de productos, pérdida de materia prima e interrupción de la producción, que en muchos casos resulta más dañina que el robo mismo. Un día sin producción por una herramienta robada puede generar pérdidas que superan con creces el valor del objeto sustraído.
Segundo, los costos de gestión: las denuncias, el acompañamiento del proceso penal, la coordinación interna tras un incidente. Tercero, los costos preventivos: guardias, cámaras, sistemas de alarma, rejas y seguros. Inversiones que se realizan con la intención de reducir el riesgo, pero cuya efectividad raramente se mide con la misma rigurosidad que cualquier otra inversión empresarial.
Los datos del año 2023 para las comunas agrupadas en CIRPAN registraron 1.400 delitos, con robos y hurtos concentrando la gran mayoría de los casos, seguidos por amenazas y fraudes. Una cifra que, en términos absolutos, puede parecer manejable, pero que tiene un impacto desproporcionado cuando se traduce en interrupciones productivas y costos de gestión acumulados.
El problema de las cámaras sin objetivo
Uno de los momentos más ilustrativos de la presentación de Johnson fue el relato de un caso real que grafica con precisión el error más común en materia de seguridad empresarial: invertir en tecnología sin definir primero para qué sirve.
Un municipio instaló cientos de cámaras en sus pasajes. Los vecinos se sintieron más seguros al principio. Pero los robos continuaron, ahora concentrados en las casas que estaban vacías. La comunidad llegó a sospechar que el operador de las cámaras estaba pasando el dato. El alcalde quería generar sensación de seguridad y consiguió exactamente lo contrario.
La pregunta que faltó hacerse antes de instalar las cámaras era simple: ¿para qué las quiero? ¿Para disuadir? ¿Para reaccionar en tiempo real? ¿Para apoyar la persecución penal? Cada objetivo requiere una implementación distinta. Una cámara disuasiva debe ser visible y señalizada. Una cámara para reacción requiere monitoreo permanente y capacidad de respuesta inmediata. Una cámara para persecución penal debe estar coordinada con la Fiscalía y tener protocolos de conservación de evidencia. Sin esa definición previa, advirtió Johnson, la tecnología no solo es inútil: puede ser contraproducente.
“No basta con que nos vendan un sistema porque parece que es bueno. Preguntémonos para qué. Si no nos preguntamos eso, no vamos a poder evaluar si tuvo o no tuvo éxito y vamos a estar invirtiendo en cosas que parecen buenas y que la verdad no van a tener ningún resultado”, señaló el director ejecutivo de Paz Ciudadana.
La oportunidad que representa CIRPAN
El núcleo de la propuesta de Johnson apunta a transformar a CIRPAN en una plataforma de coordinación territorial en materia de seguridad, aprovechando precisamente lo que la distingue de otras asociaciones gremiales: su carácter territorial.
Esa condición es un activo estratégico que permite hacer algo que ninguna empresa puede hacer sola: articular información, estandarizar registros, coordinarse con instituciones públicas y generar economías de escala en la implementación de medidas de seguridad.